¿Crisis sanitaria o crisis económica?

Entrado el 2021, México y el mundo enfrentaron una terrible disyuntiva: cierre de negocios o implementación de medidas sanitarias más estrictas. Una decisión que se tomó en la puerta de una crisis económica mundial y con una mayor necesidad de recursos para atención médica.

Con la claridad de que las medidas sanitarias iban a continuar, nuestros especialistas laborales e inmobiliarios señalaron nuevamente opciones para la sociedad productiva. Hablaron de modernizar las relaciones laborales a través del teletrabajo, de las alternativas para la conversión de oficinas a vivienda y del fenómeno “dark kitchens” o “ghost kitchens”, como las nuevas oportunidades para la debilitada industria restaurantera.

Declarado el estado de emergencia sanitaria, que no contingencia, porque esa sola palabra abriría la puerta a legalizar el incumplimiento de contratos, se empezaron a mostrar los daños colaterales: faltas a la legislación ambiental, en la que también se incluyeron las obras del tren Maya y los primeros indicios de concursos mercantiles en los sectores más golpeados.

También hay que decirlo: hubo señales de recuperación de inversiones extranjeras en algunos estados como CDMX, Nuevo León, Querétaro, Estado de México y Jalisco, pero que se toparon con trabas debido a la parálisis en trámites migratorios para los ejecutivos extranjeros que las acompañan.

Creció también un ambiente de controversias constitucionales ante la Suprema Corte, o por lo menos de amparos, ante proyectos de ley como la de la industria eléctrica; la iniciativa para establecer un padrón de telefonía celular, que amenazó la protección de datos personales; la cada vez más lejana certidumbre jurídica para promover inversiones en energías limpias, como el hidrógeno; y los desatinos de regulación sanitaria que han cerrado las puertas a una verdadera promesa: la industria del cáñamo. Nuestros legisladores siguen confundiendo la marihuana, variante con compuesto psicoactivo, del cáñamo, planta no psicoactiva, que sirve como materia prima para producir biocombustible, textiles, cosméticos y componentes para la industria de la construcción, entre otras.

A mediados de año, nuevamente privó la presión por la inminente entrada en vigor de la legislación de outsourcing, caracterizada por la poca claridad de sus reglamentos, los cuales no contemplaron ni calcularon lo complejo de las relaciones laborales y contrataciones de terceros para industrias clave, como la automotriz. Lo anterior aunada a la amenaza fiscal penal que conlleva su incumplimiento, situación que señalaron nuestros especialistas ante la opinión pública.

Y para ser justos, aún con despropósitos y contradicciones legislativas, se mantuvo la defensa de la Constitución, la autonomía de instituciones clave y la del Estado de Derecho. Igual que la defensa del medio ambiente.

Al principio del año, la disyuntiva parecía clara: “sociedad o economía”, “futuro o presente”. Hoy día, se desvanece. Lo dijo uno de nuestros socios ante los medios: “La sociedad productiva, con las heridas de la pandemia, sacará del juego al capitalismo salvaje”. Yo añadiría que también el estatismo y los congresos salvajes, pero eso será materia de la próxima entrega.


Jorge León Orantes

Socio y Presidente de Santamarina + Steta

jleon@s-s.mx