La difícil ruta del Estado de Derecho

El 2021 no solo trajo cosas inesperadas, también situaciones que ya no esperábamos volver a ver: dos bancos perdieron su licencia y un tercero, de gran calado, cambiará de dueños. Y aunque estas operaciones iniciaron el año pasado, sus repercusiones se cristalizarán durante 2022. El año pasado, esperábamos ver más restructuraciones financieras y no tantas fusiones y adquisiciones, un cambio que bien puede estar vaticinando una transformación más profunda. Mientras, estamos presenciando más actividad en tribunales, que continúan saturados.

Nuestros especialistas del sector energético nos reportan que, en lugar de estar apoyando nuevos negocios para una derrama económica beneficiosa para los mexicanos, están asesorando empresas que ya tienen inversiones fincadas en México y buscan defender sus derechos adquiridos en contratos contra posibles cambios drásticos en la ley y desde luego cambios inmediatos en políticas y reglamentos.

Fue un hecho que el Gobierno Federal ejecutó una política de suspensión de rondas petroleras, cancelación de licitaciones, rondas y subastas energéticas. Igualmente, la congelación de permisos para desarrollar energías limpias y la emisión de un decreto de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica para otorgar un papel predominante a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que de inmediato se vio sometida a controversias constitucionales.

Es verdad que la pandemia nos ha traído mucha mayor conciencia en todos los niveles. Globalmente, las corporaciones han seguido adoptando una conciencia de responsabilidad social y ambiental mucho más profunda. Las heridas que la pandemia nos sigue infringiendo todos los días se están cristalizando en un nuevo tipo de sociedad productiva, que va a sustituir a la del capitalismo salvaje.

Legisladores, empresas, consumidores finales, empleados, comunidades, proveedores, inversionistas, clientes, accionistas, reguladores, medios de comunicación y gobierno en diferentes partes del mundo tienen una conciencia de responsabilidad que enfrenta con más firmeza a los abusos industriales.

En México, el punto controversial consiste en aceptar o no al gobierno como el único rector y vigilante. Como si fuera un papá, como si fuera el Estado mismo, cuando ya hay una sociedad madura, con instituciones autónomas, que garantiza límites ante los abusos, por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia Económica y la COFECE. Creemos y apoyamos fielmente a la institución social que se ha opuesto con valentía a los intentos de ley que buscan revivir los monopolios de gobierno en las industrias clave del país. El mundo en su conjunto ya maduró hacia el cumplimiento ambiental, social y de gobierno corporativo (ESG). México no tiene que ser la excepción.

Las leyes de los países con las economías más importantes están respondiendo a este llamado a la responsabilidad. La Constitución y leyes de México también ya han llegaron a un punto de avance en ese sentido. La autonomía de poderes es la única garantía para que prive un Estado de Derecho. No uno de personas, por mejor intencionadas que sean.


Jorge León Orantes

Socio y Presidente de Santamarina + Steta

jleon@s-s.mx