Actualidad Legal: Reforma Constitucional en Materia de Energía

Actualidad Legal: Reforma Constitucional en Materia de Energía

Versión para imprimir | Octubre 2021


El 30 de septiembre de 2021, el Presidente de la República presentó ante la Cámara de Diputados la “Iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” (la “Iniciativa”).

La Iniciativa tiene por objeto modificar el texto constitucional vigente, resultado de la reforma en materia energética del 20 de diciembre de 2013 (la “Reforma Energética de 2013”). De conformidad con la exposición de motivos de la propia Iniciativa, la Reforma Energética de 2013 implicó un menoscabo a la Comisión Federal de Electricidad (“CFE”) como resultado de la apertura del mercado eléctrico a la industria privada.

La Iniciativa plantea una profunda reestructura en el sector en aras de fortalecer a CFE, recuperándose como área estratégica del Estado.

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Artículo: Breve análisis de las recientes políticas en materia energética implementadas por el Gobierno de México con relación a compromisos legales nacionales e internacionales en materia de reducción de emisiones como parte de acciones de mitigación del cambio climático

Artículo: Breve análisis de las recientes políticas en materia energética implementadas por el Gobierno de México con relación a compromisos legales nacionales e internacionales en materia de reducción de emisiones como parte de acciones de mitigación del cambio climático

  1. Antecedentes

México firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en el año de 1992, siendo aprobada en ese mismo año por el Senado de la República y ratificada ante la Organización de las Naciones Unidas (“ONU”) en el año de 1993. Su Decreto de promulgación fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el 7 de junio de 1993 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994. Su objetivo fue plasmado en el Artículo 2, a fin de “Lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera en un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.” 

  1. Marco jurídico

Siguiendo los compromisos para implementar acciones de mitigación de los efectos perjudiciales del cambio climático, el 6 de junio de 2012, se publicó en el DOF la Ley General de Cambio Climático (“LGCC”), que establece las “disposiciones para enfrentar los efectos adversos del cambio climático” y reglamenta las cuestiones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (“CPEUM”) relativas a la protección al ambiente, desarrollo sustentable, así como de la preservación y restauración del equilibrio ecológico.

Como parte de los compromisos asumidos por México en la Conferencia de las Partes, COP 21 de la CMNUCC (analizada más adelante), en 2018 se reformaron diversas disposiciones de dicha Ley, incorporándose el concepto de Contribuciones determinadas a nivel nacional (“CDNN”), como se transcribe a continuación:

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